La posventa española solicita regulación específica para el automóvil en la Ley de Datos europea.
AFCAR España, grupo de trabajo en el que se integran 16 asociaciones ligadas al mundo de la posventa, ha entregado este mes ante la Unión Europea un informe de posicionamiento sobre el proyecto de la Ley de Datos, hecho público el pasado febrero con el objetivo de regular el uso de datos generados en la UE en todos los sectores económicos y su acceso a ellos.
La asociación, respalda la posición inicial de considerar al usuario/consumidor como propietario de sus datos generados, incluida la asignación del uso a sus proveedores, lo que implica la libre elección de servicios posventa cuando su vehículo lo necesite.
Según planteó la Comisión Europea en la presentación del documento base, la Ley de Datos tiene como objetivo garantizar la equidad en el entorno digital, estimular un mercado de datos competitivos, brindar oportunidades a las empresas y conseguir que los datos sean más accesibles para todos, evitando su control por grandes operadores. De esa forma, la UE considera que una regulación justa del acceso a los datos dará lugar a nuevos servicios, innovadores y a precios más competitivos, para los servicios posventa y la reparación de objetos conectados, entre ellos los automóviles.
Esto afecta directamente al mantenimiento y reparación de vehículos y a todos los servicios relacionados con dicha actividad, gestionados en su mayoría por pymes y micropymes que quieren ver garantizado su derecho a seguir trabajando en un mercado de libre competencia y evitar que grandes operadores, como grandes empresas tecnológicas o los propios fabricantes de vehículos, puedan aprovecharse de posiciones de dominio en el mercado.
Aunque esta nueva Ley es esencial, se debe dar un paso más y consideran que la complejidad del sector del automóvil exige una legislación específica para dicho sector. Esto es, medidas concretas, jurídicas y técnicas para la automoción, tales como el acceso a las funciones del vehículo o la interfaz hombre-máquina. Con la actual propuesta de la Unión Europea, ambas organizaciones consideran que se deja demasiado margen de interpretación en cuestiones técnicas de gran calado, lo que genera inseguridad jurídica y un alto riesgo de litigio.
